El actor social, el sistema y el cajonear

[pullquote align=»left|center|right» textalign=»left|center|right» width=»30%»]Sin contrapoder, habrá más despojos[/pullquote]

Los contrapoderes son la representatividad para que las demandas sean asumidas de manera más directa, con más poder social y presencia de las clases populares, para protegerse y defender los proyectos, o las huelga de los maestros que no contó con el  poder mediático de por medio, un contra poder, como una manera de paliar el déficit flagrante del Estado y democracia.

Vemos como lentamente, pero cada vez más nítido, se van marcando los bordes de un panorama institucional que bloquea las aspiraciones ciudadanas, y de la clase trabajadora. Más temprano que tarde, pero siempre en el borde, en el filo de la hoja, para después encontrarnos con el cajoneo.

¿No es hora ¡¡Ya!! de que el centro de gravedad de la actividad política, concebida en su sentido noble de búsqueda del Bien Común?, el no ejercicio del poder por las mayorías ciudadanas, campesinas, nativas que encuentran insatisfechas en sus demandas. ¿Es posible que esté el 80% de los paraguayos viviendo en la pobreza y en la extrema más del 50%, a más del 10% de la clase media pobre logren superarla, mientras el 5% son los poseedores del 90% de la tierra en Paraguay, estos porcentajes cruzados averguenzan.

No hay quien cambie de eje y se desplace a atacar las desigualdades, que tienen como base la cultura de la negación del otro, que se traduce en la desvalorización y el desprecio a características propias de quienes son diferentes: campesinos, indígenas, jóvenes y pobres en una sociedad más humana con movimientos ciudadanos.

En otras palabras, que la gobernabilidad sea un mecanismo equilibrado por contrapoderes, «…todo sistema de poder necesita contrapoderes, si no se tiende al despotismo», afirmaba el Barón de la Brède, más conocido como Louis Montesquieu (1689—1755).

Los contrapoderes son la representatividad para que las demandas sean asumidas de manera más directa, con más poder social y presencia de las clases populares, como una manera de paliar el déficit flagrante de Estado y democracia.

La dinámica política del Paraguay del siglo XXI y el andar de los actores muestra cómo opera un régimen político diseñado para obstruir y postergar sistemáticamente las exigencias de democracia plena. El Parlamento anterior paso por alto, el modificar el sistema de listas sabana, y ahora a nivel mediático ministerial se quiere «criminalizar» el derecho a la huelga, esto no es más que la punta del iceberg.

El espectáculo de elites políticas que se desgarran por fragmentos de poder sin un debate de ideas que contribuya a dibujar los contornos de un país más justo y solidario, nos deja acartonados. Todo el arco de partidos integrados al régimen —derecha Liberal y Colorada— practican la teratología o el gatopardismo. Demás está decir que así se jibarizan los estándares de la política.

De entrada, el gobierno progresista de Fernando Lugo actuó con rapidez inusitada debido a la necesidad, ofreciendo ayuda social a personas mayores de 60 años. Pero sucumbió a la facilidad de otra medida regresiva. Un populismo /sui generis/ anclado en el parlamento Nacional, lo destituye y sube aún régimen aún más perverso que anula esos logros.

El presidente de facto que le expulso del poder a Lugo, Dr. Federico Franco, para compensar el deficit fiscal, decidieron cortar esta ayuda social a más de los medicamentos gratuitos en hospitales públicos. Vemos como suben los precios de la canasta familiar, perjudicando a quienes destinan sus escuálidos ingresos al consumo, a todos los Paraguayos sin pensar en ir a buscar el dinero donde en realidad está en demasía, la soja y la carne, productos de exportación que no pagan impuestos.

Seguro que lo hay, pero es apenas el 10% del IVA… en los infaltables resquicios de evasión de impuestos o coberturas fiscales al alcance de las grandes empresas y de los altos ingresos, este 10% que se les fija, es reembolsado como gastos de producción, pagan en impuesto inmobiliario G. 800 (U$S 0,6 centavos de dólar) por hectárea una vez al año, en Uruguay se pagan U$S 16 por hectárea en impuesto inmobiliario.

Pongamos un ejemplo; el grupo sojero mayoritario el Sr. Favero poseedor de 1.000.000.— (un millón) de hectáreas en alto Paraná tendría que pagar U$S 16 millones. Una vez más algunos de los electos congresistas, y algunos socialistas, los leales y los contrarios al gobierno de Horacio Cartes, acataron sin chistar, que se pague U$S 0,6 centavos por hectárea al año.

En un comentario de Victor Benítez, del mes de octubre 2013, para la revista mensual Empresa y Negocios de abc Color (Pág. 18), se lee que; «…el Sr. Favero es un gran “hub” que trabaja con centenares o millares de paraguayos o brasileros, que cultivan soja, etc» —y continúa— «…creo que no deben ser satanizados, ellos están en un mundo globalizado, están haciendo la plata, creo que pagan pocos impuestos. Creo que se debe aprovechar comentándoles que por otro lado, hay un montón de campesinos sin tierra deambulando”, dijo.

En primer lugar, dudamos que tenga empleados a millares de paraguayos o brasileños, habría que investigar si esos millares de brasileños, están aptos jurídicamente para trabajar en suelo paraguayo y si a esos millares de paraguayos que trabajan con el Sr. Favero se les paga Previsión Social.

En segundo lugar, el hecho de estar en un mundo globalizado, —llamado así por los capitalistas, a los grandes consorcios que devastan Europa y Estados Unidos— tengan que dejar de pagar impuestos más justos, que hasta hoy no pagan, más que el 10% de IVA.

Y si hay campesinos sin tierra, es porque fueron expulsados de sus chacras, como lo hace «…la firma sojera Bioenergy, que reclama ser la dueña de 3.000 mil hectáreas de Laterza cué, del distrito Mariscal López, demoliendo sus casas con topadoras, para obligarles a vender sus derecheras —títulos de propiedad que la Ley prohíbe comercializar— y salir de esas tierras», denuncia Néstor Núñez, dirigente campesino del Movimiento Campesino Paraguayo.

Estos campesinos denuncian el procedimiento fiscal—policial como «un desalojo arbitrario y no un allanamiento. Las 140 familias (ciento cuarenta) tras 40 años de permanecer en ellas, denuncian los propios dirigentes. Con esta mentalidad, estos señores del «mundo globalizado», vienen solo a sacar provecho a sus feudos.

La Alianza de derecha, algunos Liberales y Colorados conscientes de su poder en las dos cámaras, gracias al sistema listas sabanas, —un sistema de listas cerradas— amañaron y regularon el dispositivo productor de leyes, es más, lo cajonearon para que no se puedan abrir los cerrojos, en especial sojeros y ganaderos. Basta con ver la actuación de sus operadores. Como en un juego de roles, quién es más o menos autoritario o liberal.

Y puesto que la ideología neo—liberal se trata de imponer, —con su apariencia seudo científica, determina y tiñe todas las opciones—, la lógica del modelo y su imbricación en el capitalismo global (el eufemismo a la moda es —la conectividad—) se oponen visiblemente a la satisfacción de las necesidades de las mayorías.

Si hay dinero que sobra producto de los royalties de las binacionales, la situación es presentada como «un problema serio» por los economistas oficiales y los centros de pensamiento neo—liberal. Un nudo gordiano en nuestra economía de mercado a secas —en el sistema—. Se invocan la baja del dólar y las quejas de los exportadores para distraer la atención.

¿La prioridad durante la reciente campaña no era acaso reparar las múltiples brechas creadas por la obscena desigualdad social, producto de la concentración excesiva de la riqueza en la punta de la pirámide del 8% de la sociedad? ¿No había que corregir el modelo? ¿Dónde está el “nuevo rumbo”?.

Al contrario, con este régimen neo—liberal se refuerza la lógica de la desigualdad. La solución propuesta por algunos economistas es sacar los excedentes de las binacionales de la economía nacional e inyectarlos en el sistema financiero globalizado.

La opción del fondo de «electro—dólares» significa pagar una forma de tributo al capital especulativo mundial; una manera de financiar con recursos de todos los paraguayos los circuitos monetarios controlados por los mastodontes del sistema financiero global.

¿Por qué no invertir esos excedentes en el país, de manera productiva o en planes sociales y en educación pública para el futuro? ¡Qué herejía! De tan sólo pensarlo se está atentando contra el dogma monetarista y la doctrina del déficit cero. Hablar de la dictadura de los mercados no es una figura de retórica.

El corolario político del modelo es la pérdida de soberanía del Estado, el debilitamiento de la democracia representativa, su elitismo excluyente y la re—producción de brechas sociales con bolsones de carencias.

Para el manejo eventual de los excedentes en depósitos en fondos globales se apela al ejemplo de Noruega, la mayoría de los conferencistas que nos vienen a enseñar cómo sacar de la pobreza a Paraguay, hablan de la gestión de sus mega—ingresos. Detengámonos un poco en esa amalgama.

¡¡Seamos como ellos, imitemos lo que hacen!!, aconseja el pensamiento mágico. Sin aclarar que la sociedad nórdica puede darse el lujo de no invertir ese dinero en el país porque ella nada posterga ya que se ubica en el primer lugar en el índice de calidad de vida según las Naciones Unidas, mientras que Paraguay se encuentra en un puesto, antes del último.

Tampoco se menciona que el 10% de los ricos paraguayos son tanto o más ricos que su porción equivalente a los noruegos, en un país donde la salud y la educación son completamente gratis y las pensiones garantizadas para vivir sin problemas.

Como la economía paraguaya se parece más a la estadounidense en el plano de la desigualdad, habría que reconocer que un buen número de trabajadores/as paraguayos y sus familias viven en condiciones peores o similares a las de los inmigrantes latinos «indocumentados».

La capacidad de movilización por el reconocimiento y por los derechos del Poder Latino contrasta con la pasividad del movimiento sindical paraguayo, debilitado y poco organizado.

No es extraño entonces que cuando tibias reformas legales son emprendidas para paliar los efectos de la sobre explotación a la cual son sometidos los trabajadores, el poder empresarial se moviliza. Lo hacen para defender el «alma» del modelo: la subcontratación de mano de obra barata, flexible.

Una estrategia patronal que busca impedir la organización de los trabajadores y la defensa sindical de sus derechos. Al respecto, todavía no brilla el sol del «consenso» en la coalición aliancista libero — colorada «progresista».

La solidaridad con los luchadores y luchadoras de sindicalistas y campesinos es un «test»; una prueba para la capacidad de comprender la opresión secular de una comunidad; la sindical, y de la nación; la campesina.

Incomprensible por lo tanto es la situación en la que se encuentran algunos de sus dirigentes cuyo coraje nos ha impactado, la situación es un llamado a la solidaridad. La indiferencia, un racismo discriminatorio endosado por el Estado.

No obstante, los movimientos sociales y sindicales tienen ese poder de cambiar el curso de la vida. En todas partes el pueblo puede movilizar al pueblo. Ese pueblo formado de voluntades individuales con una nebulosa de organizaciones «aún pequeñas» pueden actuar colectivamente junto y mover al resto hacia un proyecto solidario.

Cuando esto suceda y los movimientos sociales se reencuentren con la Social Democracia histórica, el socialismo que disperso se organiza, debate, supera, acuerda, se une generosa, amplia y propone salidas; las condiciones están reunidas para «poder alcanzar la estrella de nuestro escudo, que danza ondeando en nuestra Bandera Patria». Y sólo ahí, como en otros lados, se podrá comenzar a descerrajar democráticamente este sistema que nos ahoga. Urge hacerlo para dar cabida.
octubre 2013.

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