[pullquote align=»left|center|right» textalign=»left|center|right» width=»30%»]Controlar los tipos de herbicidas._(II)[/pullquote]
Desde hace años se escucha a cientificos, como el Dr. Joel Filartiga clamar a las autoridades, parar el uso de los agrotoxicos. ¡¡Señores!! nuestros hijos nacen defectuosos, ¡¡Por favor!! Se nos mueren nuestros hijos, el campesinado se enferma, hoy se nos envenenan nuestras aguas. Esta triste realidad, únicamente hizo que aumentara el número de campesinos que huyeran de la gleba de sus arados y sus tierras instalandose en asentamientos que actualmente bordean las grandes ciudades en Paraguay.
La necesidad de contar con una nueva institucionalidad agrícola, modernizar los instrumentos existentes para facilitar su uso oportuno y adecuado, se suman a la tarea de priorizar el interés por la investigación agropecuaria, buscando las forma de lograr financiamientos mayores y de largo plazo, sensibilizando a la sociedad y en especial al
mundo político.
Los excelentes niveles de colaboración con entidades internacionales y las relaciones con las universidades de mayor prestigio nacional, hacen necesario perfeccionar sus capacidades de coordinación y construir un puente comunicacional inteligente que relacione de mejor forma a los productores y a la sociedad en su conjunto: Estado, Sociedad Civil y Mercado.
La apertura económica, globalización e integración regional, determinan nuevos énfasis para los procesos de investigación y su rol, los que son diferentes en intensidad y prioridad a los que se daban en las décadas pasadas, años que marcan el fin de los procesos de sustitución de importaciones.
La demanda actual se caracteriza por hacer posible el incremento de la productividad y agregar valor a los «commodities» agropecuarias. Ha existido un fluido intercambio de conocimientos y experiencias de la investigación en los principales rubros de cereales, oleaginosas y bovinos, la lógica de los investigadores científicos trabaja sin fronteras y favorece el intercambio de conocimientos.
Así hemos llegado a la agricultura a gran escala, en donde las maquinas, y algunos peones hacen el trabajo que produce millones de dolares —Mercado— a los productores, —Sociedad Civil—. Estamos hablando de miles de hectareas en Paraguay —Estado—.
El nuevo perfil de la investigación agropecuaria lo constituyen la atención sobre los recursos genéticos; biotecnología; recursos naturales y sostenibilidad agrícola; agroindustria y, desarrollo institucional.
Esto último, principalmente demanda una fuerte prioridad para crear formas de trabajo y financiamiento que den respuesta a las demandas tecnológicas campesinas para responder a las demandas económica, ambiental y social.
Desde hace años se escucha a cientificos, como el Dr. Joel Filartiga clamar a las autoridades parar el uso de los agrotoxicos. ¡¡Señores!! nuestros hijos nacen defectuosos, ¡¡Por favor!! Se nos mueren nuestros hijos, el campesinado se enferma, hoy se nos envenenan nuestras aguas.
Esta triste realidad, únicamente hizo que aumentara el número de campesinos que huyeran de la gleba de sus arados y sus tierras instalandose en asentamientos que actualmente bordean las grandes ciudades en Paraguay.
Muchos herbicidas ejercen una actividad selectiva: destruyen ciertos tipos de plantas y no afectan a otros. Algunos ejemplos son el 2,4—D fosamina, dicamba y picloram, que frenan el crecimiento de muchas especies de hoja ancha, pero no afectan a gramíneas, ciperáceas ni helechos; el dalapón controla las gramíneas y otras monocotiledóneas, pero no afecta a las plantas de hoja ancha.
La selectividad de muchos herbicidas —es decir, las especies que controlan y aquéllas a las que no afectan— puede modificarse ajustando el volumen de producto aplicado por hectárea y la estación de aplicación.
Los herbicidas de amplio espectro, como el glifosato, controlan casi todas las formas de vegetación. Algunos esterilizan el suelo, eliminan toda la vegetación y retrasan la invasión de nuevas malas hierbas.
La lluvia fluye de los sojales a nuestros arroyos, envenenandolo todo, parte de esa lluvia ha llegado al lago Ypacaraí, y lo ha herido de muerte. El intendente de Luque Dr. César Meza Bría dijo en una plenaria de intendentes, en Aregua que; «…el Yukyry constituye una cloaca a cielo abierto, y que debe ser prioridad solucionar este problema, para posteriormente abocarse al sistema de drenaje en los municipios respectivos, con las plantas de tratamiento».
Maza Bría aseguro que; «… «Lo prioritario y urgente ahora es solucionar el problema del Yukyrymy, que drena al lago y que es una cloaca a cielo abierto, mi administración ya ha invertido en estudios para llevar adelante este proyecto, que será estudiado por la Comisión Permanente del Lago Ypacaraí». Proponiendo agotar esfuerzos conjuntos para la construcción de una planta de tratamiento del arroyo Yukyrymí, (principal contaminante del Lago Ypacaraí), antes de su desembocadura al cauce hídrico.
Por otro lado el ingeniero Andrés Rivarola Casaccia, manifestó que la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA. (ESSAP), encara obras Importantes en la ciudad de San Lorenzo que permitirán frenar el vertido directo de desechos cloacales que se arrojan al arroyo de nombre homónimo, que desemboca en el cauce Yukyry, principal contaminante del lago Ypacaraí.
«Estos trabajos se realizan en el marco del mejoramiento de la red de alcantarillado sanitario en la ciudad sanlorenzana, que permitirá a la par, la mitigación en la contaminación del lago Ypacaraí».
Al mismo tiempo crece el interés por abordar las exigencias de competitividad de las cadenas agroalimentarias, salud ambiental de los agroecosistemas e inclusión social de la pequeña y mediana empresa (agricultura familiar campesina).
La Dirección de Toxicólogía del Ministerio confirmó que no existe, hasta el momento, riesgo para la vida de las personas por la contaminacion del aire que se percibe, situacion que puede causar náuseas, cefalea y si el paciente es alérgico podría desencadenar episodios tipo asmáticos.
La Secretaría de Emergencia de Aregua realizará un censo poblacional y, aquellas que decidan abandonar momentáneamente sus hogares, serán trasladados garantizando también la seguridad de sus casas. La intendencia municipal de Areguá confirmó, que esta medida ya no es de emergencia porque el olor nauseabundo ya pasó, pero es mejor estar prevenido y tener cenzada a la poblacion que vive cerca del lago.
Los Acuerdos y Tratados Comerciales han obligado a pensar en una nueva arquitectura de la investigación medioambiental, para responder a cada una de las exigencias que hace tanto el mercado nacional como los mercados externos para asegurar la calidad de los productos, su disponibilidad, proteger el medio ambiente y dar respuestas al desarrollo sostenible.
Los procesos de investigación deben seguir contribuyendo a mejorar la rentabilidad por la vía de la eficiencia haciendo mayor el valor de las exportaciones y la participación en el comercio mundial.
Por otro lado ya existen imputados por el Fiscal José Luis Casaccia, por la contaminacion del lago, pero minguna empresa ha sido clausurada ni ha dejado de funcionar, se necesita de un esfuerzo de todos los sectores, por actualizar y adecuar sus capacidades de manera de hacerlas compatibles con el nuevo escenario que se ha creado lo que conocemos como «La contaminacion del Lago Ypacaraí» y en cuyo escenario la investigación es parte vital de los negocios.
Febrero 2013.—
Lectura Adicional
Desarrollo y clústers exportadoresEl modelo Paraguayo de inserción en la economía global ha generado gran atención externa, dados sus logros en materia de crecimiento económico para el sector empresarial, aunque la pobreza no se ha visto reducida, en el contexto con la recuperación democrática. No obstante, internamente siguen encontrándose signos de malestar, como se desprende en la gran mayoría de la población que se inclinaría por realizar cambios al actual modelo económico, neo liberal.
Uno de los principales puntos es la discusión sobre la persistencia de elevados niveles de desigualdades sociales en Paraguay. Este tema no puede desvincularse de las formas concretas bajo las cuales está operando el modelo productivo de inserción en la economía global, cuya característica central es la creciente formación y expansión de clústers exportadores e importadores.
En su dimensión productiva, el modelo de inserción paraguayo se sustenta en el desarrollo de un conjunto de polos geográficos especializados, entre los que destacan la minería, frutas y agroindustria en la zona central, y productos forestales.
En torno de estos polos se han ido gestando un conjunto de clústers importadores, los que se caracterizan por ser aglomeraciones geográficas de empresas, articuladas en torno de una actividad principal que actúa como fuerza motriz o propulsora. A modo de ejemplo, esta vez es la empresa Unilever del Paraguay SA.
Efectivamente, la Dirección Nacional de Aduanas enfrenta actualmente dos medidas cautelares, una que está firme y ejecutoriada, y que le obliga a cumplir de manera estricta la Ley N° 4397/11, que prohíbe el uso de tripolifosfato en todo el territorio nacional, tanto en la fabricación local de jabones y detergentes como en productos importados, y otra promovida por la empresa Unilever del Paraguay SA, otorgada por la jueza penal de la adolescencia Edith Coronel Alen.
Ante esta situación la directora general de Aduanas, Abog. Rocío Vallejos, se reunió, con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Víctor Núñez, en su despacho, para pedir el apoyo de la máxima instancia jurisdiccional a su gestión, teniendo en cuenta que actualmente existe mucha presión para pasar por alto las normativas nacionales relacionadas a la protección del medio ambiente.
Estas formas de organización territorial de las importaciones, muestran trayectorias cada vez más expansivas, las que han ido generando un incremento de las tensiones respecto de sus entornos naturales y sociales directos.
Una primera dimensión problemática se relaciona con las fuertes asimetrías de poder existentes entre el conjunto de actores vinculados a los clústeres que mueven nuestros puertos. Esto ocurre tanto en el campo de las relaciones laborales, como en las relaciones inter—empresas que componen cada clúster.
Cabe señalar que el amparo constitucional, impulsado por la Asociación de Industriales Domisanitarios y Afines (AÍDA), está firme y ejecutoriado, cuya decisión judicial inclusive fue ratificada por la Sala Constitucional de la Corte, que había rechazado «in limine» (sin trámites) por improcedente la acción de inconstitucionalidad deducida por los representantes de Unilever, empresa que posteriormente logró su «propio» amparo, cuya sustanciación se encuentra en trámite.
El 20 de febrero último, una decisión judicial que guarda relación con el Amparo Constitucional promovido por el abogado Luis Rosetti, en representación de la transnacional Unilever del Paraguay contra la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). Esta, a su vez, interpuso los recurso de nulidad y apelación contra la providencia de fecha 1 de febrero último, dictada por la jueza Penal de la Adolescencia, Edith Coronel Alen, a favor, de la citada multinacional, liberando así, 80 camiones con más de 2.000 toneladas de productos quimicos, domisanitarios y varados desde diciembre de 2012 en aduanas.
La magistrada había dado curso al pedido, a pesar de la vigencia del amparo otorgado por el juez Rubén Ayala Brun a favor de la Asociación de Industriales Domisanitarios y Afines (AÍDA) y otras firmas nacionales, que obliga a la Aduana a aplicar de forma irrestricta la Ley 4397/11, y el Decreto reglamentario N° 7505/11.
Es así que el titular de la Corte, Víctor Núñez, instó a todos los jueces del Departamento Central a que se cumpla la Ley evitar conceder amparos a fábricas e industrias que contaminan el lago Ypacaraí, a las que habría que sumar las importadoras de productos domisanitarios con tripolifosfato de sodio.
El Tribunal de Apelación Penal de la Adolescencia hizo lugar al recurso de nulidad y apelación deducido por la Dirección Nacional de Aduanas, y revocó el amparo solicitado por la firma Unilever con relación a la aplicación de la ley que prohíbe el uso del tripolifosfato de sodio en productos domisanitarios.
El ministro Núñez, —digamoslo vulgarmente— «tomó el toro por las astas», y convocó de urgencia a todos los magistrados del departamento Central, entre ellos los de San Lorenzo, Luque, J. Augusto Saldívar, Lambaré y Capiatá, —según fuentes judiciales— e insistió en que es grave la contaminación del lago Ypacaraí, por lo que no se debe beneficiar a sus responsables.
Algunos jueces —que ya concedieron amparos— se justificaron con el argumento de que es una «exageración» de la prensa y que las medidas se ajustan a derecho. Núñez reiteró que no se debe beneficiar a los que contaminan el Ypacaraí.
En el primer caso, la débil institucionalidad regulatoria vigente permitió la existencia de condiciones de trabajo precarias y fuertemente desiguales. Es cuando saltan los «efectos colaterales», esta vez los sufrió Ladislao Amarilla Pérez, propietario del criadero de chanchos (posee cinco cerdos) y los desperdicios que produce en el sitio, y que son arrojados a una naciente que desemboca en el arroyo Yukyry, uno de los principales afluentes del Lago Ypacaraí.
Enfrentar las agudas desigualdades existentes no es por tanto sólo un problema de mayor educación y protección social. Las políticas públicas deben adquirir un mayor rol en el resguardo de equilibrios entre los diferentes actores de los clústeres importadores y exportadores, en la promoción de una mayor diversificación productiva en las regiones y en una adecuada protección de la sustentabilidad de ecosistemas y comunidades locales.
Los intendentes, los gobernadores desde hace veinte años, el Gobierno Central, que no se dieron por enterado lo que estaba pasando, son dueños de al menos uno de estos racimos (clúster) y no Ladislao Amarilla Pérez, productor de media docena de cerdos (seis), un humilde campesino señalado como culpable de contaminar el lago Ypacaraí; los barrios cerrados, los que eliminaron los humedales, las curtidurías, las lavanderías, y las autoridades, deberían ser los primeros imputados.
Este ciudadano fue imputado como contaminador del lago Ypacaraí. El sentir del ciudadano es que; “…tenemos que volver a las ciudades regadas por el Lago Ypacaraí, un lugar poco aconsejable para habitarlo… la economía está resentida por la paralización de las actividades que a esta altura del año suelen tener mucha efervescencia… desde el comienzo hemos demandado de las autoridades correspondientes el cumplimiento de las medidas que la misma ley les faculta para castigar con la dureza que la legislación tiene prevista” entre otras muchas consideraciones.
Este prójimo es el mayor responsable de cuanto pasa. La tendencia contraria apuntaría a la clásica situación de enclave, caracterizada por la presencia de grandes contribuyentes pero con bajos encadenamientos con su entorno.
Una tercera problemática se vincula con el uso intensivo de recursos naturales, característica de los principales clústeres importadores paraguayos, lo que plantea serios problemas de sustentabilidad ambiental y económica que al mismo tiempo generan poder.
La expansión de ciertos clústers exportadores e importadores pueden poner en riesgo a ecosistemas completos con resultados negativos en términos de biodiversidad, punto que ha sido discutido intensamente en años recientes para el caso de los herbicidas venenosos.
Por otra parte, dicha expansión ha generado crecientes tensiones socio ambiental con comunidades locales, como lo muestran los conflictos entre empresas mineras y pequeños agricultores y entre empresas forestales y comunidades nativas.
En términos de sustentabilidad económica el problema principal es el que se le plantea a regiones, cuya economía se basa en la extracción de recursos naturales no renovables, como en el caso de las regiones mineras. El tema central es la impunidad con que estas empresas vienen operando en el país, y que define, en este caso el desarrollo de nuevas actividades productivas de reemplazo.
Es necesario considerar que las exigencias de un entorno mundial más competitivo no pueden servir como justificación para estrategias que pongan en riesgo los equilibrios ambientales y que se sustenten en formas de trabajo precario.