[pullquote align=»left|center|right» textalign=»left|center|right» width=»30%»]Ahora vamos por las Comunas[/pullquote]
Los itinerarios los aprueba la municipalidad, porque son transitorios y de la Municipalidad. Mal puede decir el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana a través de su vocero, César Ruiz Díaz, que; «…el Estado debe prever la indemnización para las líneas que ya no operarán sobre la ruta Mcal. Estigarribia y la avenida Eusebio Ayala» de Asunción, una forma fina de decir un; «vamos por más» y exigir a las Comunas Metropolitanas indemnización.
En Paraguay, se encuentran tan naturalizadas ciertas desigualdades sociales, que resultan casi invisibles para el común de la población. Lo malo es que la democracia de bajo perfil que tenemos, evidentemente no nos ha devuelto la vista hacia esas ingratas realidades.
Seguimos viviendo en una sociedad abusiva en que se da por descontado, sin mayor escándalo de cualquier negociado de quienes están mejor posesionados en una negociación, aunque no funcionen diversos estatutos de ciudadanía. Puede ser que se hayan arreglado ciertos excesos puntuales, pero la estructura más profunda y la matriz discriminadora quedan, en los hechos, intactas. Persisten como el estado natural de las cosas.
Es lo que ha ocurrido en este mes de agosto. La huelga del transporte público protagonizada los días 6 y 7 de agosto, llamó a la reflexión a toda la ciudadanía. La prensa en general titulo la «implementación del sistema Metrobús» como un símbolo perfecto de la transición: un puñado de tecnócratas soberbios que diseñan planes ideales de ingeniería social, los cuales funcionan a las mil maravillas como modelos virtuales, de espaldas a las necesidades y las opiniones de los usuarios, quienes sufren en forma diaria sus efectos.
Ni el Gobierno de Fernando Lugo, y menos el de Federico Franco, que de paso no hizo nada, no fueron escuchados por el anterior Parlamento, obviamente, el parlamento estaba en otra cosa, «…trabajando en la destitución de Lugo y él ¡Ni cuenta se daba!, como el resto del país», esto porque tratar los problema les generarían dejar a la luz pública la real intención de los «transportistas parlamentarios», sería muy evidente. Así fue para priorizar el proyecto y después sacar todos los proyectos que les beneficiarían, como realmente ocurrió.
Municipalidades se harían cargo del sistema
«Solo el cucharon sabe lo que hay en el fondo de la olla» dice el refrán, o sea, solo las municipalidades y sus Juntas Vecinales saben las necesidades ciudadanas en materia de transportes. En el marco de la Ley 3698/09, que modifica la Ley 1590/00, que creó la Secretaría de Transporte del Área Metropolitana, decretó que la concesión de itinerarios es por tiempo limitado.
Justamente, la actual organización municipal luqueña, no deja espacios en falso, las organizaciones vecinales se encargan de sacar a la luz pública las genuinas necesidades de sus barrios, así también cualquier irregularidad que surja o sea detectada.
Los itinerarios los aprueba la Municipalidad, porque son transitorios y son municipales. Mal puede decir el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana manifestar a través de su vocero, César Ruiz Díaz, que; «…el Estado debe prever la indemnización para las líneas que ya no operarán sobre la ruta Mcal. Estigarribia y la avenida Eusebio Ayala» de Asunción, una forma de decir un «vamos por más» y exigir a las Comunas indemnización.
Los intendentes a través de su Departamento de Transito, delegarían la organización al ejercicio de las funciones de movilidad del trolebús, el Intendente Municipal en consulta a la Junta Municipal en el ámbito de su competencia, acto seguido el Intendente firma la ordenanza. Es deber y atribución exclusiva de la Municipalidad organizar el tránsito de la ciudad y las vías a ser utilizadas.
El Jefe del Ejecutivo Municipal tiene la obligación de acercar a la gente antes pueblo los beneficios que proveerá este sistema de transporte, con itinerarios totalmente desvinculados con los actuales itinerarios. Por otro lado, los señores Concejales municipales tienen que ocuparse sin mezquindades a sus funciones. La ciudadanía esta consiente de los intereses económicos que tienen algunos concejales en el transporte público, que circula en Luque.
La Junta Municipal tiene que nombrar a gente proba a fin de investigar el tema transporte público intermunicipal, con un buen sistema de transporte público que abarque más de un municipio, salvaguardando la independencia, autonomía y competencia municipal en la materia, consagrada, por cierto, en el art. 168, inc. 8, de nuestra Constitución.
La Cámara de Diputados pretende la eliminación del art. 7°. La líder de la bancada María Cristina Villalba, (ANR) argumentando que el BID había respondido que se puede modificar el sistema de transporte, Villalba se basó en el dictamen de la Comisión de Industria y Comercio que aconsejaba la eliminación del referido artículo.
Lo categórico es que; el sistema Metrobús o Trolebús, no tiene que caer en manos de empresarios privados, tenemos muchos ejemplos de la deficiencia del empresariado nacional, cuando tienen que manejar dinero público. Nueve de diez ciudadanos consultados nos han manifestado este arquetipo de opinión.
Los grupos del precio neto
Luego de un largo debate en diputados, los those netgroups y la aplanadora colorada de la Cámara de Diputados consiguió la aprobación del crédito de US$ 212 millones del BID y de la OFIP, pero eliminando el artículo 7° del proyecto de ley, que justamente contemplaba la presentación del sistema de trolebús (ver nota anterior).
Ya lo dijo con absoluta claridad un dolido pasajero desplazado, sin saber cómo llegar a su puesto de trabajo. Fue en una celebrada entrevista por un canal de televisión, reproducida en muchos Those netgroups: existe un abismo de diferencia entre el mundo VIP y el mundo BIP en nuestro país.
Vale decir, entre aquellos que jamás en su p… vida, y no fue perra lo que dijo se han subido a un micro, a lo sumo, andaban en tren cuando este existía, cuando éste no había sido invadido aún por el aluvión zoológico, con sus molestos olores y feas costumbres, y los que están condenados al transporte público, sin alternativas de ninguna clase.
No queremos plegarnos no nos da la gana al discurso facilongo y machacón de la derecha, que insiste en que el Metrobús tiene que ser a gasoil, ¿Porque insisten en que sea a gasoil? le contamos, «Porque el transporte público, consume diez mil metros cúbicos de combustible ¡¡Por día!!, y estos grupos se niegan a dejar el «pingue negocio» del combustible, a sabiendas que al Paraguay lo que le sobra a parte de paciencia es electricidad, Metrobús o Trolebús tuicha (es mucha) la diferencia . Inclusive con un gobierno progresista, este costo podría ser subvencionado por el Estado en ciertos horarios, como se hace en otros países.
Pero está claro que la gente del Congreso no puede lavarse olímpicamente las manos con respecto a este problema. Y nos referimos a los de hoy y también a los de antes, enganchados en una sorda disputa para ver quién sale con menos daños en la pintura a causa de esta verdadera catástrofe.
Con razón, la gallada protesta contra este manoseo promiscuo donde se mezclan los unos y los otros. Nosotros, por lo pronto, queríamos decir; que si bien no compartimos la nostalgia por las «chatarras» de los micreros echando humo negro por sus tubos de escape, tampoco nos vamos a plegar a los modernizadores. El trolebús no contamina, se desprecia la opinión de la «gente» o pueblo, como se lo llamaba en otra época hacen cálculos de costos y beneficios sin salir jamás de sus despachos.
Y cometen burradas tras burradas, insistiendo en traer buses a gasoil en un sistema contaminante para la salud, en vez de poner los paraderos de las líneas alimentadoras a tres cuadras de las bocas de mayor tránsito peatonal. O dejando las frecuencias del itinerario y circulando las 24 horas. Pero, con esta situación de «los grupos del precio neto» transcurren los acontecimientos, como si aquí nada hubiera pasado.
En ese escenario de desigualdades impunemente flagrantes, las instituciones públicas quedan entrampadas en un perverso juego: se ven obligadas a instalar un discurso de buenos sentimientos en que el Estado aparece como el refugio de los «pobres», es decir, de los ciudadanos de última categoría.
Según esta visión paternalista, muchos servicios básicos no se diseñan para la generalidad ciudadana, como en las democracias de verdad, sino para los sectores carenciales. Se ofrecen casi como concesión graciosa hacia los más desvalidos y, por supuesto, se perfilan desde una exigencia de calidad mucho menor.
agosto 2013.-
Lectura Adicional
Municipalidades deberían aclarar
Por otro lado, las Municipalidades a travez de la Junta Municipal deberían dejar en claro a quién pertenecen los itinerarios y los plazos de concesión de los mismos. Es imposible que un grupo de «audaces» empresarios que no respetan las leyes laborales se adjudiquen los itinerarios de las líneas del transporte como propias. Este caso es similar al de los frentistas luqueños, que creen que por estar su propiedad frente a una vereda, ya la vereda es de ellos, es lo que paso con la Peatonal de Luque, la calle fue expropiada por los frentistas, y nada ni nadie puede quitarles ese «derecho adquirido», según ellos, la autoridad aún no sabe qué hacer.
En muchas constituciones el principio de la irretroactividad se entiende como un planteamiento básico de la organización jurídica del Estado, pues la seguridad de los ciudadanos y la propia equidad exigen que las situaciones creadas al amparo de la anterior ley se conserven o, al menos, que los derechos adquiridos se mantengan y respeten a pesar de que la nueva ley no prevea derechos semejantes para el futuro.
Reconocemos la importancia de las organizaciones sociales como actores fundamentales en la articulación de acciones para la construcción de sociedad; les suministramos de manera oportuna, veraz y completa la información que solicitan; las convocamos a los eventos de rendición de cuentas a la sociedad que el Ministerio realiza; les brindamos un trato amable, respetuoso y cordial; y las hacemos partícipes en las mesas de diálogo y discusión sobre la política educativa y los planes para llevarla a cabo.