[pullquote align=»left|center|right» textalign=»left|center|right» width=»30%»]Un pueblo okañýva y desorientado[/pullquote]
Hoy no hay verdades absolutas, los mega relatos murieron hace un tiempo. Solo queda la convicción de que una democracia más plena es posible con más transparencia y ética en el accionar de los poderes del Estado. Un Estado que tiene competencia y facultad de enviar un planeamiento, control, sanción, regulación, supervisión y vigilancia de la ejecución de los contratos, objeto de la presente Ley.
Un debate público ha generado la ley Alianza Público Privada (APP) recientemente sancionada por el Congreso Nacional, que contempla la participación de empresas privadas en el mejoramiento de la infraestructura pública y la prestación de servicios que están a cargo de entidades del Estado.
Los poderes del Congreso Nacional, fueron traspasados al Poder Ejecutivo. Semanas atrás le fueron traspasadas al presidente Cartes la movilización de las Fuerzas Armadas de la Nación. Con estas dos herramientas el Ejecutivo tiene en sus manos los destinos de los bienes del Estado.
Los poderes fueron dados en un discreto hermetismo, no fue debatido ni discutido por la ciudadanía, se aprobó tal como salió del senado. Tras algunos discursos, se procedió a votar, siendo el resultado 65 votos y 15 en contra.
La mesa directiva del Partido Liberal Radical Autentico (PLRA), presidido por el senador Miguel Abdón Saguier, dio la orden de votar el proyecto inicial salido de Diputados, mientras que la orden del Partido Colorado era votar por en proyecto salido de Senadores en el que se incluyó que; «…en caso de haber algún conflicto, este tiene que ser dirimido en tribunales internacionales», a más de «…dejar en manos del ejecutivo la decisión de concesionar las empresas públicas, sin necesidad que pase por el Congreso, las ganancias no serán públicas».
La discusión se centro en «privatizar o concesionar». Privatizar que es la acción de transferir una empresa o actividad pública al sector privado y concesionar, acción y efecto de conceder el otorgamiento que una empresa hace a otra, o a un particular, de vender y administrar sus productos en una localidad o país distinto.
O sea, el Estado tiene competencia y facultades del planeamiento, control, sanción, regulación, supervisión y vigilancia de la ejecución de los contratos, objeto de la presente ley.
Las ganancias de las concesiones pertenecen al sector privado. Todo contrato deberá contemplar un plazo máximo, que, incluyendo sus prórrogas, no podrá exceder de treinta años, salvo las prórrogas excepcionales previstas en los casos establecidos en el artículo 34 de la presente ley, lo que llevaría a cuarenta años de gracia.
Los contratos de participación público-privada podrán comprender proyectos de infraestructura y de gestión de servicios, incluyendo proyectos viales, ferroviarios, portuarios, aeroportuarios, proyectos de hidrobias, de dragado y mantenimiento de la navegabilidad de los ríos; los de infraestructura social; infraestructura eléctrica; proyectos de mejoramiento, equipamiento y desarrollo urbano; abastecimiento de agua potable y saneamiento; entre otros proyectos de inversión en infraestructura y servicios de interés público.
También podrán comprender la producción de bienes y la prestación de servicios que sean propios del objeto de organismos, entidades, empresas y sociedades en las que el Estado sea parte.
De esta forma la Cámara de Diputados sancionó con 65 votos a favor y 15 en contra, la amplia mayoría del proyecto de ley alianza público-privada, impulsado por el Poder Ejecutivo. Al plegarse el Partido Liberal Radical Autentico (PLRA), fue aprobada finalmente por mayoría absoluta, con 15 votos liberales en disidencia, además de dos de UNACE y dos del PEN.
LIBERALES DESORIENTADOS
Tal como lo muestra la película, «Perdidos en Tokio», por ejemplo, que trata de nada, es decir, de todo, mientras la gente ve cómo se le escurre la vida entre los dedos desde los ventanales de un hotel vitrificado y ultramoderno en el que ni siquiera tiene muy claro cuál es la razón por la que se encuentran allí, así de perdido se les vio a los liberales en el parlamento.
No por nada uno de los programas de televisión favoritos del público es «Bailando por un sueño», con los malos chistes de Raúl Melamed en doble sentido, que nos remiten a esos años de la pubertad colegial exacerbada en los que todo se centraba en andar babosos mirando de todo.
Es el poder absoluto dado al presidente Cartes, lo que preocupa a la gran mayoría de los liberales, las experiencias vividas durante la dictadura, cuando el grito de guerra era; «…para los amigos todo, para los tibios, que cumplan con la ley, y para los contrarios, garrote» puesto que el sectarismo era granítico. El dicho; «…el mejor amigo de un colorado es otro colorado», creían haberlo derrotado en años de democracia, pero hoy se estaciona como un fantasma en nuestras ciudades, dicen los liberales de barrio.
Es lo que le está pasando al partido Liberal Radical Autentico, entraron en una desorientación, que apeligra «…la unión del partido, con esta Ley» -y agregan- «…los parlamentarios empresarios, que no lo son, solo son gente con un poco de dinero, les regresaron a esos años, que creen poder subirse al carro de las privatizaciones, ¿Se recuerda usted de los Levi-rales?».
Y esa puede ser una posible razón del porqué se separaron del bloque partidario. El otro grupo ve en esto una traición, y recoge el clamor de varios dirigentes de base del PLRA que tienen la intención de plantear la expulsión del grupo disidente del partido, -esto toca fuertemente a Luque, y al luqueño diputado por Central Celso Maldonado- es lo que se reconoce en la próxima convención partidaria que está pendiente.
La suspensión de la convención del PLRA por la supuesta falta de fondos, no convence a varios de los casi 1.000 convencionales liberales. Un grupo de dirigentes sostiene que la dirigencia está atrasando la asamblea por «prudencia».
La mayoría de los que conforman la máxima autoridad partidaria tiene deseos de manifestar sus inquietudes y quejas sobre la última campaña electoral, cuyo resultado fue un tremendo fracaso del PLRA, explicaron referentes de Equipo Joven, grupo formado por el senador Blas Llano, quien habría dado desde Buenos Aires la orden de votar a favor de la Ley, estos jóvenes pidieron la reserva de sus nombres.
Los partidos políticos están fuertemente cuestionados por parte de la opinión pública nacional. Este es un fenómeno al que tenemos que poner atención, dado que no es posible una democracia sin partidos políticos sólidos.
Paraguay está pasando desde estructuras económicas y sociales pre modernas a modernas. En un futuro próximo veremos al Paraguay de los grandes Consorcios Internacionales, y esto conlleva consecuencias entre otras, el adormecimiento de las esperanzas que no llevará menos de una generación, al despertar las esperanzas ya no serán las de estos jóvenes a una vida mejor.
En nuestra situación, para avanzar y romper el ciclo de la pobreza, muchos jóvenes seguirán abandonando sus pueblos por situaciones bien conocidas como la fumigación de los campos sojeros que envenenan su medio ambiente, todo terminará con la marginalización alrededor de las grandes ciudades. Aquí el trabajo es escaso y la desesperanza campea cuando las estructuras no son capaces de integrarlos al mercado laboral y a los otros espacios de construcción de vida social.
La experiencia del paso del subdesarrollo al desarrollo nos demuestra que las principales víctimas de la modernización son los jóvenes.
La globalización trae consigo muchas oportunidades, pero no para países como el nuestro, en donde hay también muchas desigualdades. El trabajo se ha precarizado, la ampliación de las oportunidades ha dejado a gran parte de la población marginada. Como diría alguien mientras los ciudadanos duermen los poderosos hacen y deshacen…
DENUNCIAN QUE LEY APP ES INSCONTITUCIONAL
La ley Alianza Público Privada (APP) recientemente sancionada por el Congreso Nacional, es inconstitucional y tiene que tratarse en los estrados judiciales, dicen personeros del liberalismo partidario.
Nuestra Carta Magna dice en su Art. 3.-Del Poder Público.
«El pueblo ejerce el Poder Público por medio del sufragio. El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público». «La dictadura está fuera de la ley».
Cuando los constitucionalistas introdujeron este articulo, fue para prevenir los vicios en que se incurría durante la dictadura. El presidente -Stroessner en este caso- sumaba el poder de las fuerzas armadas, de los bienes del país, ley 209 de seguridad interior del estado, -actualmente están siendo procesados líderes campesinos, acusados de violar la paz pública de las personas- es lo que quedo detrás de la protesta de la ciudadanía, tras haber sido abusadas en su integridad física por las fuerzas de seguridad tras la aprobación de la ley.
Las personas sienten que el sistema no los protege a ellos, que hay abusos y profundas desigualdades. Los descuentos a los 18.000 maestros, no fue solamente un castigo al gremio docente, se les castigo a las familias, los niños pasaron hambre, el comercio se vio paralizado por la falta de poder adquisitivo, esos siete millones de dólares (U$S 7.000.000.-) que dejo de pagar el ministerio afecto a todos.
Más, no protege a aquel que necesita un crédito, porque se fijan intereses excesivos. No protege a aquel que se enferma y compra remedios en farmacias coludidas. No protege cuando ve que la legislación laboral para defender sus derechos es ineficiente. No protege cuando algo tan elemental como el derecho de huelga no ha sido respetado, se ridiculiza al poder legislativo, se criminaliza el sindicalismo.
No protege cuando, al momento de jubilarse constatan que, probablemente, lo que aportó durante toda su vida, le alcanzará a lo sumo para una modesta pensión equivalente a la pensión mínima que garantiza el Estado. No protege a aquel que hace un gran esfuerzo para tener una jubilación justa y no sabe cómo con reglas claras pueda elegir el programa que más le conviene.
Es necesario entonces responder a estas demandas ciudadanas con altura de miras, logrando acuerdos para poder legitimar la actividad pública. Los niveles de aprobación a todos los conglomerados políticos exigen una respuesta rápida y clara, si queremos seguir progresando como lo hemos hecho en las últimas décadas.
No es posible hacer parches, como si nada hubiera ocurrido. No es posible seguir legislando con una computadora en la mano, para ver si las modificaciones me convienen o perjudican. Vemos que hay sectores de gobierno y de oposición que no han entendido el mensaje de las marchas ciudadanas, e insistieron en abrir el espacio para avanzar en grandes reformas que durante años estuvieron clausuradas, como si sus reglas hubiesen estado escritas sobre roca.
En definitiva, no han sido utilizados para poner una mayor calidad de vida al servicio de los ciudadanos, sin que estos tengan que pagarla directamente de sus bolsillos.
noviembre 2013.-